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La construcción de la Línea F requiere expropiar 12 inmuebles

El Gobierno de la Ciudad anunció, hace algunos meses, la construcción de la Línea F de subtes, que unirá Barracas y Palermo, pero para ello se requiere la expropiación de 12 inmuebles y por eso, se envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley que lo autorice.

La iniciativa ya comenzó a generar reacciones entre propietarios y vecinos de los inmuebles por expropiar. Algunos aseguran que todavía no fueron notificados formalmente sobre la inclusión de sus propiedades en el expediente legislativo. Otros cuestionan el alcance de la medida o el criterio utilizado para seleccionar los edificios. También hay reacciones que apuntan al peso cultural o histórico de las propiedades que se buscará demoler.

Se solicitó la autorización para adquirir esos inmuebles que son departamentos y comercios emblemáticos: uno es el de la librería Zivals, en la esquina de las avenidas Corrientes y Callao, otro, el Mercado San Cristóbal, en avenida Independencia y Entre Ríos (año 1882) y una construcción abandonada, frente al Congreso, que forma parte de las parcelas contempladas para el desarrollo de accesos y obras asociadas a la línea para la estación Congreso, que tendrá una gran entrada de luz solar vidriada en la superficie.

También varios inmuebles están sobre avenida Las Heras y son construcciones bajas, como por ejemplo Las Heras 2416 funciona la sede de El Hogar de Ribadumia, una institución española con presencia en la ciudad desde 1922 y otras tres propiedades de características similares, que presentan marcados signos de deterioro. También la esquina de Las Heras y Junín, donde está el Bar Corchio, otra de las propiedades que se incluyen en el listado de las que se pretende demoler.

El proyecto enviado por la gestión de Jorge Macri ya ingresó a la Legislatura porteña junto a otro expediente que busca la autorización para tomar deuda a fin de financiar la obra, de aproximadamente US$1350 millones, incluye la adquisición total de 12 propiedades a lo largo de la traza prevista entre Barracas y Palermo. Contempla también la expropiación parcial de otras 26 parcelas por afectación de los subsuelos. El objetivo es habilitar accesos y vestíbulos de las futuras estaciones de la nueva línea subterránea que, según estimaciones oficiales, comenzará a circular en 2031.

La construcción de la línea F está planificada como parte de la expansión de la red de subtes desde principios de los años 2000. Su traza quedó formalmente establecida mediante la Ley 670, en 2001, y luego fue ratificada por la Ley 2710, en 2008. Como parte de una promesa de gestión, la administración que actualmente encabeza Jorge Macri, dio los primeros pasos para concretar la nueva línea, que tendrá una extensión aproximada de 9,8 kilómetros y 12 estaciones que conectarán los barrios del norte y del sur porteño, pasando por Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo.

Según el esquema difundido por el gobierno de la ciudad, la obra se dividiría en dos etapas. La primera abarcaría el tramo entre las estaciones Brandsen y Tucumán, mientras que la segunda llegaría hasta Plaza Italia en 2031, con lo que se completaría la nueva línea.

Esa norma establece que la utilidad pública es el fundamento de toda expropiación y comprende los casos orientados a “la satisfacción del bien común”. Además, contempla no solo los bienes indispensables para concretar una obra, sino también aquellos cuya utilización “convenga material o financieramente” al proyecto.

Ese punto es uno de los que genera inquietud entre algunos propietarios, especialmente porque el expediente deja abierta la posibilidad de destinar terrenos sobrantes a otros usos definidos por el Ejecutivo, bajo formulaciones generales vinculadas al “bien común”.

Fuentes del gobierno porteño sostuvieron que el criterio para seleccionar las propiedades priorizó inmuebles que no implicaran ocupar veredas ni afectar directamente la vía pública con los accesos al subte. Según explicaron, se buscaron edificios de poca altura, con menor costo potencial de adquisición y, en algunos casos, con cierto grado de deterioro o degradación urbana.

En el caso de Zivals, voceros del Ejecutivo indicaron que la esquina aparece vinculada a la futura combinación entre las líneas B y F, y que el objetivo es “ordenar la zona” donde se produciría el intercambio de pasajeros.

Más al sur de la traza, aparece otro de los sectores donde el proyecto genera dudas entre vecinos: el entorno de la calle Cochabamba, entre el límite entre San Cristóbal y Constitución, donde figuran tres propiedades alcanzadas por las expropiaciones. Allí funciona desde hace más de 40 años el centro de jubilados Manuel Dorrego, emplazado en una parcela originalmente cedida por el propio gobierno porteño.

Quienes participan diariamente de las actividades del centro señalaron que existe confusión sobre qué inmuebles concretamente quedarían afectados y cuáles no. En la zona, algunos vecinos denuncian no haber recibido información oficial pese a que el expediente ya ingresó formalmente a la Legislatura.

La Ciudad explicó que, en ese punto, la idea es incorporar parcelas privadas a terrenos que ya son de dominio estatal para ampliar el espacio verde existente. Según indicaron, el acceso a la futura estación estaría ubicado debajo de la autopista y el objetivo sería “revitalizar el entorno”.

Susana Espósito - 5402 caracteres – Martes 19/05/26 - Fuente consultada: LN